El diario
EL PAÍS publica la noticia de que por fin hay restricciones a la financiación pública a algunos colegios privados. Se trata de que Andalucía, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación de la vigente LOE (en vías de derogación), no concertará con centros escolares que no practiquen la coeducación. Por supuesto, que algunos celebramos que por fin una administración educativa ponga condiciones a los colegios de titularidad privada para financiarse con el dinero de todos. Pero, obviamente, el caso que nos ocupa, por mucho que haya sido un caballo de batalla emblemático y una trinchera ideológica muy celebrada, no deja de ser una realidad insuficiente y casi anecdótica en la tarea pendiente de fiscalizar y restringir la transferencia de fondos del erario público al interés particular, tendencia muy característica de los que impropiamente se autodenominan liberales, pero que son más bien herederos del franquismo sociológico y político que gestionaba canonjías y clientelismos y desconfiaba de la iniciativa privada pura y dura, llena de riesgo y auténtico espíritu emprendedor.
La enseñanza concertada lleva décadas practicando una competencia desleal con el apoyo de las instituciones públicas, que mediante la aplicación torcida de leyes educativas no muy afortunadas, ha tiempo que alumbraron un sistema de educación dual, claramente discriminatorio. Sistema que, para más inri, es una de las señas de identidad intangibles de la izquierda más necia e incongruente.
La enseñanza concertada viene burlando la ley, con la anuencia de todas las administraciones educativas que se han sucedido en el MEC y en las autonomías y con gobiernos del más variado signo político. Concretamente, es ya moneda común el quebranto de ley descarado e impune en materia de admisión de alumnos y respecto de la falta de garantías sobre la gratuidad efectiva de los colegios sostenidos con fondos públicos, que mediante cobros diversos llevan a cabo una selección económica inicua.
Uno de los muchos efectos perversos de la ampliación de la enseñanza obligatoria en la década de los 90, tal como se hizo de mal, fue la extensión en dos años de los conciertos educativos.
Los que nada quieren cambiar en educación, disfrazados de progresistas, pero en realidad ultraconservadores, aún no reconocen el error que supuso regalar a la enseñanza concertada dos años más. Y aún estamos esperando que la equidad que pregonan se manifieste en poner coto a la discrecionalidad de los centros subvencionados (denominación hoy en desuso pero más cruda y menos vergonzante para llamar al pan pan y al vino vino), cuya mera existencia es uno de los muchos tabúes del sistema.
No tocar la concertada es uno de los innumerables pseudoconsensos que deben ponerse en cuestión sin más dilación si de verdad se defiende la escuela pública de una forma que sea algo más que nominal.
En esta España en la que todo lo público es denostado, excepto si se trata del dinero que se recauda obligatoriamente, en especial a los asalariados, y se desvía hacia los negocios particulares de los grupos de presión, poder e influencia próximos al poder político, no estaría de más pedir que deje de contaminarse el lenguaje. Y que deje de verse lo estatal como esa inmensa ubre de la que succionan los desheredados, que por eso lo son, por desgraciados y que tanto les cuesta a los españoles no marginales. Curioso concepto del bien común y no menos curioso y difícilmente homologable concepto de la libre competencia, la iniciativa individual y la libertad de empresa.
El Estado debería asumir la obligación que se deriva del artículo 1º de la Constitución de garantizar una educación públicuaa de calidad como derecho de todos los ciudadanos. La iniciativa privada está en su derecho de reivindicar la libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa, libertad de cátedra y expresión de la pluralidad de una sociedad libre y no totalitaria. Pero no tiene sentido que con fondos de todos los españoles se financien los negocios de unos pocos. Sólo el servicio público tendría que ser sostenido con el dinero de los impuestos. Pero para que todos estos conceptos pasen a la normalidad de las reglas del juego hay que quitarse el pelo de la dehesa y superar los lastres de los pactos de la transición que no han funcionado, como es también el pacto autonómico, la entrega de todo el poder a los aparatos de los partidos y sindicatos, la endogámica, mediocre y hasta delictiva autonomía universitaria. Y, paradójicamente, la asfixia de quienes en España quieren ser emprendedores, crear riqueza, tener iniciativas y competir de verdad. No estar siempre mirando hacia arriba, hacia el BOE, esperando la dádiva del poderoso, amañando un oligopolio con el sistema o conchabándose con los que reparten los caramelos para asegurarse unas igualas y unas ententes cordiales que proporcionen a los súbditos y a los colegas la seguridad y el interés, como rezaba un viejo anuncio comcercial.
Me parecería muy saludable que se instalase en España una sana competencia entre redes educativas, entre centros, entre instituciones escolares. Limpia y con igualdad de oportunidades. Sin las cartas marcadas ni ventajismos. Que los públicos se propusieran competir para dotar a los alumnos no pudientes una enseñanza competitiva (este hecho en España existió en no muchos colegios y en unos institutos hoy olvidados y degradados por el chahapote del construcitivismo y la pedagogía nccia. Sin esa competencia, propia de una sociedad dinámica, con movilidad social y ambición sana, sólo tenemos unas cartas marcadas, como con el INI, el plan de estabilización y los restos del corporativismo inmovilista de una sociedad roma, en blanco y negro, no ávida de prosperar más que por la quiniela o el enchufe.
La enseñanza concertada es un instrumento sólido para contribuir al fijismo social, al status quo, el residuo del poder de una iglesia controladora de conciencias en una sociedad secularizada. Es el instrumento de que la extensión de la escolarización no lleve al mal gusto de que los hijos de las personas humildes y sin posibles se codeen con la gente bien, de forma que no pisen las canteras y los viveros del poder futuro. Sería como si la señora de la limpieza terminara su jornada tomando una copa con un socio de origen aristocrático como relax de su ardua y agotadora jornada laboral.
